Breve ensayo sobre la renovación del contrato social colombiano en la década post virus.
Por: Oskar Nupia.
La Constitución de 1990 es una de las constituciones más progresivas y liberales que ha tenido el país. Reconoce derechos fundamentales que se habían perdido durante más de un siglo. Entendida como nuestro contrato social, ofrece una serie de deberes y derechos que le han permitido a la sociedad y al Estado avanzar en muchos frentes. Después de 30 años se han logrado muchas cosas importantes: una mayor participación política y civil, profundización de la descentralización política, avances en la distribución transparente de recursos públicos entre las regiones, ampliación de la cobertura de educación pública y salud con cobertura universal, entre otros. Sin embargo, aún se requiere avanzar en muchos aspectos donde los resultados de su reglamentación no han sido los esperados o han sido muy malos, y seguir profundizando en la anhelada paz.
La actual pandemia parece haber llamado la atención de muchas personas sobre las “injusticias sociales” de este contrato. Algunos han llegado a afirmar que el virus ha develado más claramente las fallas del capitalismo y que este marcará su final. Contrario a esta idea, lo que veo es que el virus ha permitido develar más claramente las fallas del Estado y las cosas que debemos mejorar. Importante decirlo, esas fallas han estado ahí desde mucho antes de la pandemia y han sido motivo de discusiones en muchos ambientes académicos y políticos del país. Sin embargo, claramente no hemos elegido gobiernos que se esfuercen en corregirlas. Esto quizás porque durante los últimos 20 años vivimos enfrascados en un conflicto violento con las FARC y una polarización creciente sobre guerra y paz. Algunos actores políticos quieren seguir manteniendo ese conflicto vivo en nuestras mentes, quizás con la intensión de no avanzar en los temas que el país ahora requiere. Quizás la pandemia sea un choque sobre las preferencias de las personas que nos permita elegir gobernantes con plataformas dirigidas a corregir esas fallas.
Son muchos los aspectos en los que el contrato social puede mejorar. Aquí me concentraré muy brevemente en cuatro de ellos, todos dirigidos a mejorar la justicia social y distributiva del país. El primero y tremendamente imperioso es la justicia. Contamos con unas instituciones judiciales tremendamente ineficiente. Primero, todas las “ías” han mostrado ser muy incompetentes. Segundo, tenemos un sistema judicial de espaldas al ciudadano; altamente burocrático, costoso e ineficiente; sometido a la corrupción, al narcotráfico y al juego político. La frase “que tiemblen los corruptos” se ha convertido en un slogan repetitivo sin ninguna convicción. No soy experto en estos temas, pero según entiendo, una transformación profunda de las instituciones de la rama judicial es necesaria. Esto y el fortalecimiento y la dignificación de los jueces podrían ayudar a saldar la deuda histórica de impunidad que la rama judicial tiene con la sociedad. Dicho esto, reconozco el esfuerzo de muchos jueces valientes durante las peores décadas del narcotráfico en el país.
El segundo aspecto está relacionado con nuestro sistema tributario. Muchos analistas han mostrado su poca progresividad y la baja eficiencia del recaudo. A pesar de contar con una tasa de tributación, quizás altas, sobre las empresas (33%), se ha mostrado que la tasa de tributación efectiva (lo que terminan en realidad pagando) podría ser del orden del 5% de sus ingresos declarados. Una verdadera vergüenza. Este es el resultado de una mezcla de exenciones y del mal diseño de las bases de tributación. Del lado de las personas naturales, lo único que funciona son los impuestos sobre el salario de los trabajadores formales. Pero resulta que los ricos no son ricos por trabajar como asalariado sino por el resto de las actividades económicas que tienen. Aumentan su riqueza con dividendos y rentas de capital cuyas tasas efectivas de tributación son de 0.8% y 1.5%. Un verdadero mal chiste. Esto muestra las grandes fallas del Estado en el uso de una de las principales herramientas para mejorar la distribución del ingreso. Una reforma tributaria progresiva, con un estatuto tributario claro, simple y sin exenciones corregiría esta falla.
El tercer aspecto está relacionado con el gasto público, otra herramienta que permite mejorar la distribución del ingreso. Hay mucho espacio para mejorar su eficiencia y pertinencia. Muchos análisis han mostrado que aquí también hay fallas del Estado en su papel redistributivo. Parte importante del gasto se dirige a subsidiar sectores que en principio no lo requieren. El gasto militar es tremendamente alto. Mejorar dicha distribución también es posible. Entre algunas cosas, se deberían invertir más recursos para aumentar la cobertura en educación técnica y superior pública, y para mejorar la calidad de la educación en todos los niveles. También habría que hacer una mayor inversión focalizada en salud con el fin de compensar la que el sistema de EPS no hace por carencia de incentivos. Llevar los beneficios del Estado a todo el territorio nacional es clave para disminuir la fuerza de los grupos armados ilegales.
Por último, está el tema pensional. El sistema colombiano es tremendamente inequitativo. Primero, muchas personas sin una vida laboral activa o en la informalidad llegarán a su vejez sin una pensión. Segundo, el 15% del Presupuesto General de la Nación se dedica a subsidiar la pensión de unas pocas personas, entre ellas todas la que perteneces regímenes especiales del sector público. Tercero, mientras a estos se les subsidia, el resto de cotizantes que están en el régimen privado, de llegar a pensionarse, lo harán con mucho menos dinero y sin subsidio. Dicho sea de paso, el monopolio otorgado por el Estado a los fondos privados de pensión no parece tener ningún sentido. Desligar las pensiones de la vida laboral de las personas, lograr una pensión universal mínima y financieramente sostenible otorgada por el Estado, y dejar competir a los fondos de pensiones privados sin otorgarles monopolios deberían estar en la agenda para corregir esta falla. Ideas interesantes sobre cómo mejorar la cobertura y equidad de las pensiones están rondando desde hace algún tiempo en el país.
La Constitución de 1990 es una de las constituciones más progresivas y liberales que ha tenido el país. Reconoce derechos fundamentales que se habían perdido durante más de un siglo. Entendida como nuestro contrato social, ofrece una serie de deberes y derechos que le han permitido a la sociedad y al Estado avanzar en muchos frentes. Después de 30 años se han logrado muchas cosas importantes: una mayor participación política y civil, profundización de la descentralización política, avances en la distribución transparente de recursos públicos entre las regiones, ampliación de la cobertura de educación pública y salud con cobertura universal, entre otros. Sin embargo, aún se requiere avanzar en muchos aspectos donde los resultados de su reglamentación no han sido los esperados o han sido muy malos, y seguir profundizando en la anhelada paz.
La actual pandemia parece haber llamado la atención de muchas personas sobre las “injusticias sociales” de este contrato. Algunos han llegado a afirmar que el virus ha develado más claramente las fallas del capitalismo y que este marcará su final. Contrario a esta idea, lo que veo es que el virus ha permitido develar más claramente las fallas del Estado y las cosas que debemos mejorar. Importante decirlo, esas fallas han estado ahí desde mucho antes de la pandemia y han sido motivo de discusiones en muchos ambientes académicos y políticos del país. Sin embargo, claramente no hemos elegido gobiernos que se esfuercen en corregirlas. Esto quizás porque durante los últimos 20 años vivimos enfrascados en un conflicto violento con las FARC y una polarización creciente sobre guerra y paz. Algunos actores políticos quieren seguir manteniendo ese conflicto vivo en nuestras mentes, quizás con la intensión de no avanzar en los temas que el país ahora requiere. Quizás la pandemia sea un choque sobre las preferencias de las personas que nos permita elegir gobernantes con plataformas dirigidas a corregir esas fallas.
Son muchos los aspectos en los que el contrato social puede mejorar. Aquí me concentraré muy brevemente en cuatro de ellos, todos dirigidos a mejorar la justicia social y distributiva del país. El primero y tremendamente imperioso es la justicia. Contamos con unas instituciones judiciales tremendamente ineficiente. Primero, todas las “ías” han mostrado ser muy incompetentes. Segundo, tenemos un sistema judicial de espaldas al ciudadano; altamente burocrático, costoso e ineficiente; sometido a la corrupción, al narcotráfico y al juego político. La frase “que tiemblen los corruptos” se ha convertido en un slogan repetitivo sin ninguna convicción. No soy experto en estos temas, pero según entiendo, una transformación profunda de las instituciones de la rama judicial es necesaria. Esto y el fortalecimiento y la dignificación de los jueces podrían ayudar a saldar la deuda histórica de impunidad que la rama judicial tiene con la sociedad. Dicho esto, reconozco el esfuerzo de muchos jueces valientes durante las peores décadas del narcotráfico en el país.
El segundo aspecto está relacionado con nuestro sistema tributario. Muchos analistas han mostrado su poca progresividad y la baja eficiencia del recaudo. A pesar de contar con una tasa de tributación, quizás altas, sobre las empresas (33%), se ha mostrado que la tasa de tributación efectiva (lo que terminan en realidad pagando) podría ser del orden del 5% de sus ingresos declarados. Una verdadera vergüenza. Este es el resultado de una mezcla de exenciones y del mal diseño de las bases de tributación. Del lado de las personas naturales, lo único que funciona son los impuestos sobre el salario de los trabajadores formales. Pero resulta que los ricos no son ricos por trabajar como asalariado sino por el resto de las actividades económicas que tienen. Aumentan su riqueza con dividendos y rentas de capital cuyas tasas efectivas de tributación son de 0.8% y 1.5%. Un verdadero mal chiste. Esto muestra las grandes fallas del Estado en el uso de una de las principales herramientas para mejorar la distribución del ingreso. Una reforma tributaria progresiva, con un estatuto tributario claro, simple y sin exenciones corregiría esta falla.
El tercer aspecto está relacionado con el gasto público, otra herramienta que permite mejorar la distribución del ingreso. Hay mucho espacio para mejorar su eficiencia y pertinencia. Muchos análisis han mostrado que aquí también hay fallas del Estado en su papel redistributivo. Parte importante del gasto se dirige a subsidiar sectores que en principio no lo requieren. El gasto militar es tremendamente alto. Mejorar dicha distribución también es posible. Entre algunas cosas, se deberían invertir más recursos para aumentar la cobertura en educación técnica y superior pública, y para mejorar la calidad de la educación en todos los niveles. También habría que hacer una mayor inversión focalizada en salud con el fin de compensar la que el sistema de EPS no hace por carencia de incentivos. Llevar los beneficios del Estado a todo el territorio nacional es clave para disminuir la fuerza de los grupos armados ilegales.
Por último, está el tema pensional. El sistema colombiano es tremendamente inequitativo. Primero, muchas personas sin una vida laboral activa o en la informalidad llegarán a su vejez sin una pensión. Segundo, el 15% del Presupuesto General de la Nación se dedica a subsidiar la pensión de unas pocas personas, entre ellas todas la que perteneces regímenes especiales del sector público. Tercero, mientras a estos se les subsidia, el resto de cotizantes que están en el régimen privado, de llegar a pensionarse, lo harán con mucho menos dinero y sin subsidio. Dicho sea de paso, el monopolio otorgado por el Estado a los fondos privados de pensión no parece tener ningún sentido. Desligar las pensiones de la vida laboral de las personas, lograr una pensión universal mínima y financieramente sostenible otorgada por el Estado, y dejar competir a los fondos de pensiones privados sin otorgarles monopolios deberían estar en la agenda para corregir esta falla. Ideas interesantes sobre cómo mejorar la cobertura y equidad de las pensiones están rondando desde hace algún tiempo en el país.