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¿Uribe sí y las FARC no?
Por: Daniel Felipe Malaver
Hace ya más de una semana que Colombia se encuentra sumergida en una tormenta política y judicial debido a la medida de aseguramiento que dictó la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia al expresidente Álvaro Uribe Vélez en medio de la investigación que se adelanta por supuesto fraude procesal y soborno. En medio de las opiniones y consideraciones de todas las orillas políticas del país, se ha repetido constantemente la frase “las FARC en el Congreso y Uribe que las combatió, preso”. Esto es una mentira o, más bien, una verdad a medias que omite contarle al país las condiciones que se dieron para que esta sea la actual situación de dos enemigos históricos.
Permítanme, entonces, explicarles por qué las FARC están en el Congreso y los requerimientos que deben cumplir para que puedan seguir haciendo parte de la política nacional. La antigua guerrilla de las FARC logró un Acuerdo de Paz histórico con el Estado Colombiano (no con el gobierno de Juan Manuel Santos), luego de una guerra de más de cincuenta años. Dicho Acuerdo implicó el establecimiento de una serie de compromisos consignados en el llamado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Este sistema establece que los ahora exguerrilleros de las FARC deben cooperar con las investigaciones que adelante la Justicia Especial de Paz (JEP) y comprometerse a contar la verdad de sus actuaciones durante la guerra para que, así, este tribunal transicional les imponga penas alternativas, mediante las cuales puedan reparar a las víctimas y garanticen la no repetición.
Muchos se preguntarán: ¿es justo que las FARC, después de tantos crímenes de lesa humanidad y actos terroristas, participen en política? La respuesta es sí. La única manera de frenar una guerra, sobre todo tratándose de la más antigua del hemisferio occidental, era que el Estado colombiano le diera a su contraparte la participación que no lograron conseguir hace cincuenta años y por la que decidieron buscar el poder a través de las armas. De no ser así, ¿qué sentido tendría para las FARC desmovilizarse? Todo esto es posible y se puede sostener en la medida en que los exmiembros de la guerrilla cumplan con sus obligaciones frente a la JEP y con las víctimas; de lo contrario, el Acuerdo de Paz sufriría graves daños.
La derecha colombiana, especialmente el Centro Democrático, hace constantes comparaciones entre el acuerdo del gobierno Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia, un capítulo conocido popularmente como Justicia y Paz, y la negociación con las FARC. Señalan que, en su momento, no se les dieron tantas garantías a los paramilitares como sí se le dio a la guerrilla. Lo que muchos no saben, o no quieren recordar, es que la Corte Constitucional le “tumbó” al acuerdo con los paramilitares el componente de participación política. Y es lógico, ya que los “paras” no eran una insurgencia con un proyecto político determinado, sino que eran un grupo de autodefensa que no planeaba tomarse el poder. Por su parte, las FARC sí tenían la toma del poder dentro de sus estatutos, por lo que se habla de conflicto armado y no de amenaza terrorista.
Otro punto que el uribismo no quiere recordar es una carta titulada “Carta a Farc VIII 27 06”, enviada por el entonces Alto Comisionado para La Paz, Luis Carlos Restrepo, a Pablo Catatumbo, a través de la cual buscaba iniciar un acercamiento con la guerrilla para un acuerdo de paz. Sin embargo, lo impactante es que en dicha carta habla de “desmilitarizar una zona de encuentro” (¿como la del Caguán?), de negociar el punto de la extradición y menciona la palabra conflicto. ¿Estaba el entonces presidente Uribe reconociendo la existencia del conflicto armado, con el fin de iniciar un acuerdo de paz en su gobierno? ¿No es la creación de una zona desmilitarizada uno de los errores de la negociación del Caguán? Justamente ese punto era uno de los no negociables que presentó Santos al inicio de los diálogos secretos con las Farc.
No pretendo defender a las FARC, ni creo en sus ideales; sin embargo, su participación en la política es producto de un Acuerdo de Paz al que sorpresivamente el expresidente Uribe se opuso desde el principio, tras querer impulsarlo en su gobierno. Los miembros de las FARC están libres, sí, pero obligados con el país, y sobre todo con las víctimas, a contar la verdad, cumplir las penas alternativas que dicte la JEP y todo lo pactado en el Acuerdo de Paz. Cabe mencionar que, cuatro años después de la firma en el Teatro Colón, son las FARC las que han cumplido en mayor proporción el acuerdo, a pesar de no contar con las garantías mínimas y el deliberado incumplimiento por parte del Estado.
El expresidente Uribe está siendo investigado por fraude procesal y merece todas las garantías para que su proceso se lleve conforme a la ley, sin que vea perjudicado ninguno de sus derechos, pero insisto: comparar la situación de las FARC y la de Uribe no tiene ningún fundamento. Este es un momento para que los colombianos reflexionemos sobre temas clave para el mantenimiento de nuestra democracia: la propuesta de Asamblea Constituyente es improcedente y peligrosa, el país debe rodear a las Cortes para que no se vean presionadas en el ejercicio de sus funciones, y debemos unirnos para exigirle al gobierno el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
Hace ya más de una semana que Colombia se encuentra sumergida en una tormenta política y judicial debido a la medida de aseguramiento que dictó la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia al expresidente Álvaro Uribe Vélez en medio de la investigación que se adelanta por supuesto fraude procesal y soborno. En medio de las opiniones y consideraciones de todas las orillas políticas del país, se ha repetido constantemente la frase “las FARC en el Congreso y Uribe que las combatió, preso”. Esto es una mentira o, más bien, una verdad a medias que omite contarle al país las condiciones que se dieron para que esta sea la actual situación de dos enemigos históricos.
Permítanme, entonces, explicarles por qué las FARC están en el Congreso y los requerimientos que deben cumplir para que puedan seguir haciendo parte de la política nacional. La antigua guerrilla de las FARC logró un Acuerdo de Paz histórico con el Estado Colombiano (no con el gobierno de Juan Manuel Santos), luego de una guerra de más de cincuenta años. Dicho Acuerdo implicó el establecimiento de una serie de compromisos consignados en el llamado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Este sistema establece que los ahora exguerrilleros de las FARC deben cooperar con las investigaciones que adelante la Justicia Especial de Paz (JEP) y comprometerse a contar la verdad de sus actuaciones durante la guerra para que, así, este tribunal transicional les imponga penas alternativas, mediante las cuales puedan reparar a las víctimas y garanticen la no repetición.
Muchos se preguntarán: ¿es justo que las FARC, después de tantos crímenes de lesa humanidad y actos terroristas, participen en política? La respuesta es sí. La única manera de frenar una guerra, sobre todo tratándose de la más antigua del hemisferio occidental, era que el Estado colombiano le diera a su contraparte la participación que no lograron conseguir hace cincuenta años y por la que decidieron buscar el poder a través de las armas. De no ser así, ¿qué sentido tendría para las FARC desmovilizarse? Todo esto es posible y se puede sostener en la medida en que los exmiembros de la guerrilla cumplan con sus obligaciones frente a la JEP y con las víctimas; de lo contrario, el Acuerdo de Paz sufriría graves daños.
La derecha colombiana, especialmente el Centro Democrático, hace constantes comparaciones entre el acuerdo del gobierno Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia, un capítulo conocido popularmente como Justicia y Paz, y la negociación con las FARC. Señalan que, en su momento, no se les dieron tantas garantías a los paramilitares como sí se le dio a la guerrilla. Lo que muchos no saben, o no quieren recordar, es que la Corte Constitucional le “tumbó” al acuerdo con los paramilitares el componente de participación política. Y es lógico, ya que los “paras” no eran una insurgencia con un proyecto político determinado, sino que eran un grupo de autodefensa que no planeaba tomarse el poder. Por su parte, las FARC sí tenían la toma del poder dentro de sus estatutos, por lo que se habla de conflicto armado y no de amenaza terrorista.
Otro punto que el uribismo no quiere recordar es una carta titulada “Carta a Farc VIII 27 06”, enviada por el entonces Alto Comisionado para La Paz, Luis Carlos Restrepo, a Pablo Catatumbo, a través de la cual buscaba iniciar un acercamiento con la guerrilla para un acuerdo de paz. Sin embargo, lo impactante es que en dicha carta habla de “desmilitarizar una zona de encuentro” (¿como la del Caguán?), de negociar el punto de la extradición y menciona la palabra conflicto. ¿Estaba el entonces presidente Uribe reconociendo la existencia del conflicto armado, con el fin de iniciar un acuerdo de paz en su gobierno? ¿No es la creación de una zona desmilitarizada uno de los errores de la negociación del Caguán? Justamente ese punto era uno de los no negociables que presentó Santos al inicio de los diálogos secretos con las Farc.
No pretendo defender a las FARC, ni creo en sus ideales; sin embargo, su participación en la política es producto de un Acuerdo de Paz al que sorpresivamente el expresidente Uribe se opuso desde el principio, tras querer impulsarlo en su gobierno. Los miembros de las FARC están libres, sí, pero obligados con el país, y sobre todo con las víctimas, a contar la verdad, cumplir las penas alternativas que dicte la JEP y todo lo pactado en el Acuerdo de Paz. Cabe mencionar que, cuatro años después de la firma en el Teatro Colón, son las FARC las que han cumplido en mayor proporción el acuerdo, a pesar de no contar con las garantías mínimas y el deliberado incumplimiento por parte del Estado.
El expresidente Uribe está siendo investigado por fraude procesal y merece todas las garantías para que su proceso se lleve conforme a la ley, sin que vea perjudicado ninguno de sus derechos, pero insisto: comparar la situación de las FARC y la de Uribe no tiene ningún fundamento. Este es un momento para que los colombianos reflexionemos sobre temas clave para el mantenimiento de nuestra democracia: la propuesta de Asamblea Constituyente es improcedente y peligrosa, el país debe rodear a las Cortes para que no se vean presionadas en el ejercicio de sus funciones, y debemos unirnos para exigirle al gobierno el cumplimiento del Acuerdo de Paz.