¿Y si el problema no fuera Uber?

Desde el 2013 Uber se encuentra sumergida en un limbo entre la legalidad y la ilegalidad debido a lo complejo que resulta ubicar a la plataforma de transporte dentro de una legislación concreta. La ley colombiana, inoportuna y burocrática, no alcanzó a evolucionar con rapidez para regular la llegada de esta empresa al país y, como consecuencia, se generaron roces entre las normas que MINTRANSPORTE establece para regular los servicios de transporte, y las que MINTIC plantea para controlar las plataformas digitales. El vacío legal se adueñó de los debates, y los ciudadanos en una especie de protesta silenciosa empezaron a usar el controvertido servicio de Uber en vez de los tradicionales carros amarillos. Con el paso del tiempo, y en contra de las tendencias globales y del deseo de la población colombiana, las disputas entre legalidad e ilegalidad fueron inclinándose hacia el segundo concepto debido a la presión ejercida por los taxistas, y a lo difícil que resultaba diferenciar al público de Uber del de los taxis que, a pesar de ser teóricamente diferentes, parecían muy similares, por lo que, supuestamente, debían funcionar de la misma forma y contar con las mismas ventajas. Después de que ocurrieran diversos conflictos sociales y legales, recientemente la SIC declaró que Uber estaba incurriendo en competencia desleal debido a la desigualdad generada por la falta de cubrimiento legal, y se inició una guerra que puso en juego la permanencia de la empresa dentro del territorio colombiano, y que, en medio de los rencores y la incompetencia, no ha logrado resolverse satisfactoriamente.  ​

Esta decepcionante situación nos ha abierto las puertas para replantear, incluso desde un nivel ético, el deber ser de los organismos legislativos y de la ley como tal. Alejandro Gaviria ya hablaba de un déficit de proyectos en un congreso en el que, irónicamente, la creación de proyectos es una de las principales tareas. ¿No resulta inadmisible que los representantes del pueblo emitan proyectos que no guardan relación alguna con las necesidades de quienes los escogieron, y que la “cuna” de las iniciativas y las reformas legales brille, no por el arduo trabajo ni por los inmejorables proyectos, sino por un déficit en los mismos? Afirmar que el problema es la actitud del país con respecto a Uber no sería distinto a que un médico le ofreciera morfina a un paciente que en realidad está sufriendo un infarto.  Uber ha sido una de las incontables oportunidades que se nos han dado para que abramos los ojos en un país en el que hemos sido ciegos por convicción, o quizás mancos, porque pudiendo ver los problemas estructurales que padecemos no hemos movido ni un dedo. Según cifras ofrecidas por El Espectador, si Uber sale definitivamente del país habría alrededor de 88.000 conductores desempleados, y 2.000.000 de clientes que no podrían escoger libremente en un mercado que supuestamente protege la libertad del consumidor. Paradójica, pero no extrañamente, en este episodio de la historia colombiana: la norma, quienes la crean, y su burocracia, serían autores del perjuicio a la ciudadanía; ese es el verdadero problema.  

Sin embargo -y para esto me remito al pensamiento de Henry Ford-, a pesar de que lo más común para las sociedades sea hablar de los problemas y dejar de lado sus soluciones en medio de una oscura miel que las atrapa como a moscas sin visión, Colombia necesita desatar este apretado nudo provocado por el estatismo legal, y la mejor estrategia que puede utilizar es enfocarse en resolver sin quedarse de lleno en el sordo debate de la repartición de culpas. Es necesario empezar por facilitar la creación de los proyectos e iniciativas sin tanta burocracia de por medio, de manera que un proyecto triunfe por lo que significa y no por los aliados que trae a sus espaldas. También, es fundamental crear conciencia democrática y facilitar el control político por medio de una comunicación mucho más directa entre los órganos legislativos y la ciudadanía, para que podamos llevar la cuenta del trabajo de los congresistas, e identificar a los problemas con nombre y apellido. Finalmente, es fundamental revertir algunos de los valores que tenemos en cuenta al votar en democracia: darle más peso a la preparación técnica que al sencillo y puro carisma, a la bondad que a las promesas vendidas, y a los hechos antes que a la retórica poética de algunos políticos.  

El problema de Uber no nos invita a pensar solo en un proyecto que modifique la ley en pro del fenómeno tecnológico que sucede alrededor del globo, sino en un proyecto que modifique estructuralmente el funcionamiento del Estado, culturalmente nuestra participación en democracia, y que termine afectando directamente la creatividad y viabilidad de los proyectos e iniciativas.