|
Lo que el Presidente Duque nunca se imaginó
Por: Felipe Anzola Hinestroza
Hemos pasado de oír el infértil debate entre los protectores de la salud y los de la economía, a poder identificarnos todos como parte del mismo barco, que atraviesa la misma tormenta, y que deja pocos beneficiados. La conclusión a la que hemos llegado parece indicar que la economía no puede estancarse 16 meses hasta que la vacuna haya atravesado todos los protocolos de seguridad, porque la pandemia del caos y la incertidumbre también acecha de cerca. Sin embargo, abrir la economía no traerá mágicamente las cosas a la normalidad, porque el miedo y el instinto de conservación juegan un rol fundamental a la hora de disminuir la demanda agregada.
Es por esto, que las pérdidas no se van a subsanar automáticamente. Por más de que se permita a las empresas producir y se incentive el consumo, el golpe va a ser fuerte y los afectados serán, nuevamente, quienes no cuentan con el privilegio de poder quedarse en casa sin pensar en que quizás les falte la comida. El gobierno debe seguir planteándose, entonces, mecanismos de auxilio para introducir en el mercado, pero también para auxiliarse a sí mismo, porque la base fiscal amenaza con desmoronarse al compás de la quiebra masiva de las empresas que, por un exceso de inversión anterior a la crisis o por haber “frenado en seco” a raíz del COVID-19, se están quedando sin oxígeno.
En este punto entra a tomar partida lo más delicado del asunto. El gobierno se encuentra ante un ELN que ha decidido ignorar el llamado pacifista de la ONU, ante unos funcionarios que sin ningún tipo de vergüenza afirman que los pobres tienen una envidiable capacidad para aguantar meses de hambre, y ante un sinfín de sectores necesitados. Sin embargo, los recursos son escasos y es necesario tomar decisiones que sacrifiquen algunas cosas; decisiones muy complejas que están en manos de pocos que, para envidia de quienes tienen delirio de caudillo, tienen en sus manos el destino de muchas personas ¿Por donde empezar? Las respuestas no están escritas. A diferencia de las pandemias que históricamente han afectado a la humanidad, ahora el mundo se encuentra hiper globalizado, los límites a la actividad del gobierno son mucho más explícitos, y, en general, contamos con un contexto radicalmente distinto. Estos componentes lo cambian todo.
No obstante, creo que para empezar a abordar el apretado nudo es fundamental insistir en la paz con el ELN. Esto, más allá de razones ideológicas que puedan hacer que las explicaciones se alarguen, obedece a un sentido básico de la oportunidad. Actualmente seguir invirtiendo en una guerra sin cabeza ni pies, cuando la situación es tan crítica, no tiene ningún sentido. En segundo lugar, es necesario fortalecer los mecanismos de control sobre la actividad pública. Esto, ampliando su capacidad, y permitiéndoles cierto grado de descentralización que les permita aumentar su alcance a lo largo y ancho del país sin tanta burocracia. Adicionalmente, a modo de mecanismo para combatir la corrupción es necesario repetir trillada reflexión sobre la denuncia, que infortunadamente está degradada en un país sin “sapos”.
Con respecto al tercer punto, la solución ha sido repetida incansablemente por la ONU: las ayudas deben empezar abordando a los sectores más vulnerables. Sin embargo ¿Cuáles son?, ¿El gobierno está teniendo en cuenta los sectores más vulnerables ante el COVID-19, o está tomando definiciones de “vulnerabilidad” anteriores? Es importante tener en cuenta que la calamidad actual ha afectado sectores que no son tenidos habitualmente dentro del radar de vulnerabilidad del Estado, y sin hacer esta inclusión las medidas adoptadas están destinadas a ser incompletas.
Pero esto no es todo. No se trata únicamente de decidir a quienes auxiliar en medio de la crisis, sino de escoger con prudencia el mecanismo por medio del cual se quiere hacer que las ayudas lleguen a esas personas. Tal y como diría Esther Dulfo, las medidas que en teoría producen resultados magníficos, dependen ineludiblemente de situaciones contextuales. Por poner un ejemplo, los fondos destinados al sector salud para fortalecer los mecanismos de bioseguridad que fueron entregados directamente a las IPS, fueron usados para pagar deudas en algunas regiones y no tanto en el suministro de elementos de bioseguridad. En este sentido, la iniciativa se quedó en meras intenciones y expectativas.
Por cuestiones de extensión debo concluir, pero sería interesante hacer un análisis de fondo con respecto a este nuevo reto al que se enfrenta el gobierno y que en esta columna sólo he podido introducir parcialmente. Sería ideal salvar a todos los sectores de los miedos que los apremian, pero seguramente habrá decisiones que impliquen un sacrificio real, y esto se traducirá, inevitablemente, en fuertes críticas hacia el gobierno. Sin embargo, creo que una forma amplia de orientar la atención gubernamental puede ir encaminada a cubrir tres puntos fundamentales: los costos fijos (servicios, arriendos), las personas que se ven vulneradas en sus libertades más primitivas, y un estricto seguimiento a los préstamos de nómina ofrecidos por los bancos.
Hemos pasado de oír el infértil debate entre los protectores de la salud y los de la economía, a poder identificarnos todos como parte del mismo barco, que atraviesa la misma tormenta, y que deja pocos beneficiados. La conclusión a la que hemos llegado parece indicar que la economía no puede estancarse 16 meses hasta que la vacuna haya atravesado todos los protocolos de seguridad, porque la pandemia del caos y la incertidumbre también acecha de cerca. Sin embargo, abrir la economía no traerá mágicamente las cosas a la normalidad, porque el miedo y el instinto de conservación juegan un rol fundamental a la hora de disminuir la demanda agregada.
Es por esto, que las pérdidas no se van a subsanar automáticamente. Por más de que se permita a las empresas producir y se incentive el consumo, el golpe va a ser fuerte y los afectados serán, nuevamente, quienes no cuentan con el privilegio de poder quedarse en casa sin pensar en que quizás les falte la comida. El gobierno debe seguir planteándose, entonces, mecanismos de auxilio para introducir en el mercado, pero también para auxiliarse a sí mismo, porque la base fiscal amenaza con desmoronarse al compás de la quiebra masiva de las empresas que, por un exceso de inversión anterior a la crisis o por haber “frenado en seco” a raíz del COVID-19, se están quedando sin oxígeno.
En este punto entra a tomar partida lo más delicado del asunto. El gobierno se encuentra ante un ELN que ha decidido ignorar el llamado pacifista de la ONU, ante unos funcionarios que sin ningún tipo de vergüenza afirman que los pobres tienen una envidiable capacidad para aguantar meses de hambre, y ante un sinfín de sectores necesitados. Sin embargo, los recursos son escasos y es necesario tomar decisiones que sacrifiquen algunas cosas; decisiones muy complejas que están en manos de pocos que, para envidia de quienes tienen delirio de caudillo, tienen en sus manos el destino de muchas personas ¿Por donde empezar? Las respuestas no están escritas. A diferencia de las pandemias que históricamente han afectado a la humanidad, ahora el mundo se encuentra hiper globalizado, los límites a la actividad del gobierno son mucho más explícitos, y, en general, contamos con un contexto radicalmente distinto. Estos componentes lo cambian todo.
No obstante, creo que para empezar a abordar el apretado nudo es fundamental insistir en la paz con el ELN. Esto, más allá de razones ideológicas que puedan hacer que las explicaciones se alarguen, obedece a un sentido básico de la oportunidad. Actualmente seguir invirtiendo en una guerra sin cabeza ni pies, cuando la situación es tan crítica, no tiene ningún sentido. En segundo lugar, es necesario fortalecer los mecanismos de control sobre la actividad pública. Esto, ampliando su capacidad, y permitiéndoles cierto grado de descentralización que les permita aumentar su alcance a lo largo y ancho del país sin tanta burocracia. Adicionalmente, a modo de mecanismo para combatir la corrupción es necesario repetir trillada reflexión sobre la denuncia, que infortunadamente está degradada en un país sin “sapos”.
Con respecto al tercer punto, la solución ha sido repetida incansablemente por la ONU: las ayudas deben empezar abordando a los sectores más vulnerables. Sin embargo ¿Cuáles son?, ¿El gobierno está teniendo en cuenta los sectores más vulnerables ante el COVID-19, o está tomando definiciones de “vulnerabilidad” anteriores? Es importante tener en cuenta que la calamidad actual ha afectado sectores que no son tenidos habitualmente dentro del radar de vulnerabilidad del Estado, y sin hacer esta inclusión las medidas adoptadas están destinadas a ser incompletas.
Pero esto no es todo. No se trata únicamente de decidir a quienes auxiliar en medio de la crisis, sino de escoger con prudencia el mecanismo por medio del cual se quiere hacer que las ayudas lleguen a esas personas. Tal y como diría Esther Dulfo, las medidas que en teoría producen resultados magníficos, dependen ineludiblemente de situaciones contextuales. Por poner un ejemplo, los fondos destinados al sector salud para fortalecer los mecanismos de bioseguridad que fueron entregados directamente a las IPS, fueron usados para pagar deudas en algunas regiones y no tanto en el suministro de elementos de bioseguridad. En este sentido, la iniciativa se quedó en meras intenciones y expectativas.
Por cuestiones de extensión debo concluir, pero sería interesante hacer un análisis de fondo con respecto a este nuevo reto al que se enfrenta el gobierno y que en esta columna sólo he podido introducir parcialmente. Sería ideal salvar a todos los sectores de los miedos que los apremian, pero seguramente habrá decisiones que impliquen un sacrificio real, y esto se traducirá, inevitablemente, en fuertes críticas hacia el gobierno. Sin embargo, creo que una forma amplia de orientar la atención gubernamental puede ir encaminada a cubrir tres puntos fundamentales: los costos fijos (servicios, arriendos), las personas que se ven vulneradas en sus libertades más primitivas, y un estricto seguimiento a los préstamos de nómina ofrecidos por los bancos.