Pandemia, control y violencia
Por: María Pía Nieto
Hace poco, Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, escribió en Twitter: “Hoy dos tipos de distopías: unas imaginan un control absoluto, las otras un desorden o descontrol absoluto (...)”. Esta opinión es un lugar común sobre la que ya varios pensadores han reflexionado. Uno de ellos es Yuval Noah Harari, que específicamente escribió sobre una sociedad absolutamente controlada.
En su artículo “El mundo después del coronavirus”, Harari explica cómo la tecnología, en manos de gobernantes sedientos de obtener información sobre sus ciudadanos y con la excusa de la pandemia, puede resultar en la extensión indefinida de las medidas de control poblacional que se están utilizando. Harari muestra que, dadas las circunstancias, varios países están implementado (o pensando en implementar) tecnologías que tenían bajo la manga para controlar a su población y, de esta forma, reducir el número de contagios. Puede parecer una ventaja, pero los gobernantes pueden terminar utilizando esos datos, no para garantizar la salud de sus ciudadanos, sino para controlarlos y manipularlos fácilmente. En otras palabras, para privarlos de su libertad disimuladamente.
El punto de Harari es válido y muy cercano a la realidad de varios países en donde la tecnología ha llegado a tal punto que cada movimiento de una persona queda registrado. Es por eso que, a mi parecer, Harari dirige su artículo a los países más desarrollados del mundo que cuentan con la tecnología suficiente para leer a toda su población y en los que, por tanto, este control total es una realidad cercana. Sin embargo, al describir esta problemática, Harari deja de lado los países en desarrollo que, como Colombia, no cuentan con tecnologías tan avanzadas y en los que los problemas que surgen de la necesidad de control poblacional son diferentes.
En Colombia, el dilema no está en que el gobierno pueda aprovechar esta situación para violar la privacidad de todos sus ciudadanos; el dilema es que hay tan pocos datos de la población ––censos imprecisos y falta de presencia del Estado–– que no es nada fácil atender esta emergencia sanitaria. Un ejemplo claro es lo que está sucediendo con Ingreso Solidario, un programa social que busca darles doscientos cuarenta mil pesos a las familias más pobres que se están viendo afectadas por el COVI-19. Según un investigador de la ONG Temblores, son tan precarios los datos que el Estado tiene de su población, que muchas familias necesitadas se quedan sin la ayuda. Muchas personas no saben que son beneficiarias ya que cambiaron el número celular que estaba registrado o no tienen acceso a internet, mientras que otras no tienen cómo recibir la plata ya que no están bancarizadas o no hacen parte del Sisbén (la fuente de datos que utilizan para hacer llegar esta plata).
Un país en el que el censo no es preciso, no logra leer de manera acertada a su población a través de los datos, tiene problemas para planificar un buen plan de desarrollo y no logra asistir correctamente a las poblaciones vulnerables, que es de las que menos información hay. Además, se le dificulta al gobierno tener una curva de contagios precisa (como muchos sospechamos), lo que lo lleva a tomar medidas prácticamente con los ojos vendados.
La falta de datos no solo nos evita la posibilidad, provisionalmente, de que seamos vigilados para siempre: nos trae un nuevo problema y, también, hace que enfoquemos nuestra mirada hacia otras formas de abuso de la autoridad que están ocurriendo. Durante la cuarentena se han cometido varios actos por parte de la policía: abuso sexual, comparendos injustificados, robo y extorsión, etc. El Estado no está abusando de su autoridad utilizando softwares y siguiendo todos nuestros pasos, pero sí lo está haciendo a partir de la violencia y los ciudadanos debemos denunciar todo tipo de abuso mientras el Estado no nos garantice seguridad.
Es cierto que el Estado colombiano ha violado la privacidad de algunos ciudadanos, y esto es claro con el escándalo reciente de las chuzadas por parte del ejército, pero esta violación de la privacidad no es la misma que la que permite que haya un control total de la población: lo que sí puede pasar en otros países a través de tecnologías avanzadas. Es una forma de la persecución política, no del control de la vida privada de todos los ciudadanos.
Estos dos problemas nos muestran hacia dónde debe dirigir su atención el gobierno urgentemente: a la adquisición de datos básicos de la población para poder atenderla correctamente, sobre todo para enfrentarnos a emergencias de este calibre, y a las sanciones, medidas y proyectos para que los abusos policiales no sigan sucediendo. Como ciudadanos debemos seguir exigiéndole al gobierno, no podemos dejar que la pandemia nos nuble los ojos frente a problemáticas que deben ser resueltas para que podamos tener una sociedad más justa después de la crisis.
Referencias
Harari, Yuval. 20 de marzo de 2020. “The world after coronavirus”. Financial Times. 5 de mayo de 2020. <https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75>
Pabón, Alejandro. 3 de mayo de 2020. “De la máscara solidaria a la cara violenta del Estado”. La dominical. 5 de mayo de 2020. <https://www.temblores.org/post/de-la-m%C3%A1scara-solidaria-a-la-cara-violenta-del-estado>
Hace poco, Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, escribió en Twitter: “Hoy dos tipos de distopías: unas imaginan un control absoluto, las otras un desorden o descontrol absoluto (...)”. Esta opinión es un lugar común sobre la que ya varios pensadores han reflexionado. Uno de ellos es Yuval Noah Harari, que específicamente escribió sobre una sociedad absolutamente controlada.
En su artículo “El mundo después del coronavirus”, Harari explica cómo la tecnología, en manos de gobernantes sedientos de obtener información sobre sus ciudadanos y con la excusa de la pandemia, puede resultar en la extensión indefinida de las medidas de control poblacional que se están utilizando. Harari muestra que, dadas las circunstancias, varios países están implementado (o pensando en implementar) tecnologías que tenían bajo la manga para controlar a su población y, de esta forma, reducir el número de contagios. Puede parecer una ventaja, pero los gobernantes pueden terminar utilizando esos datos, no para garantizar la salud de sus ciudadanos, sino para controlarlos y manipularlos fácilmente. En otras palabras, para privarlos de su libertad disimuladamente.
El punto de Harari es válido y muy cercano a la realidad de varios países en donde la tecnología ha llegado a tal punto que cada movimiento de una persona queda registrado. Es por eso que, a mi parecer, Harari dirige su artículo a los países más desarrollados del mundo que cuentan con la tecnología suficiente para leer a toda su población y en los que, por tanto, este control total es una realidad cercana. Sin embargo, al describir esta problemática, Harari deja de lado los países en desarrollo que, como Colombia, no cuentan con tecnologías tan avanzadas y en los que los problemas que surgen de la necesidad de control poblacional son diferentes.
En Colombia, el dilema no está en que el gobierno pueda aprovechar esta situación para violar la privacidad de todos sus ciudadanos; el dilema es que hay tan pocos datos de la población ––censos imprecisos y falta de presencia del Estado–– que no es nada fácil atender esta emergencia sanitaria. Un ejemplo claro es lo que está sucediendo con Ingreso Solidario, un programa social que busca darles doscientos cuarenta mil pesos a las familias más pobres que se están viendo afectadas por el COVI-19. Según un investigador de la ONG Temblores, son tan precarios los datos que el Estado tiene de su población, que muchas familias necesitadas se quedan sin la ayuda. Muchas personas no saben que son beneficiarias ya que cambiaron el número celular que estaba registrado o no tienen acceso a internet, mientras que otras no tienen cómo recibir la plata ya que no están bancarizadas o no hacen parte del Sisbén (la fuente de datos que utilizan para hacer llegar esta plata).
Un país en el que el censo no es preciso, no logra leer de manera acertada a su población a través de los datos, tiene problemas para planificar un buen plan de desarrollo y no logra asistir correctamente a las poblaciones vulnerables, que es de las que menos información hay. Además, se le dificulta al gobierno tener una curva de contagios precisa (como muchos sospechamos), lo que lo lleva a tomar medidas prácticamente con los ojos vendados.
La falta de datos no solo nos evita la posibilidad, provisionalmente, de que seamos vigilados para siempre: nos trae un nuevo problema y, también, hace que enfoquemos nuestra mirada hacia otras formas de abuso de la autoridad que están ocurriendo. Durante la cuarentena se han cometido varios actos por parte de la policía: abuso sexual, comparendos injustificados, robo y extorsión, etc. El Estado no está abusando de su autoridad utilizando softwares y siguiendo todos nuestros pasos, pero sí lo está haciendo a partir de la violencia y los ciudadanos debemos denunciar todo tipo de abuso mientras el Estado no nos garantice seguridad.
Es cierto que el Estado colombiano ha violado la privacidad de algunos ciudadanos, y esto es claro con el escándalo reciente de las chuzadas por parte del ejército, pero esta violación de la privacidad no es la misma que la que permite que haya un control total de la población: lo que sí puede pasar en otros países a través de tecnologías avanzadas. Es una forma de la persecución política, no del control de la vida privada de todos los ciudadanos.
Estos dos problemas nos muestran hacia dónde debe dirigir su atención el gobierno urgentemente: a la adquisición de datos básicos de la población para poder atenderla correctamente, sobre todo para enfrentarnos a emergencias de este calibre, y a las sanciones, medidas y proyectos para que los abusos policiales no sigan sucediendo. Como ciudadanos debemos seguir exigiéndole al gobierno, no podemos dejar que la pandemia nos nuble los ojos frente a problemáticas que deben ser resueltas para que podamos tener una sociedad más justa después de la crisis.
Referencias
Harari, Yuval. 20 de marzo de 2020. “The world after coronavirus”. Financial Times. 5 de mayo de 2020. <https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75>
Pabón, Alejandro. 3 de mayo de 2020. “De la máscara solidaria a la cara violenta del Estado”. La dominical. 5 de mayo de 2020. <https://www.temblores.org/post/de-la-m%C3%A1scara-solidaria-a-la-cara-violenta-del-estado>