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Violencia, Leyes y Principios
Por: Santiago Córdoba Gómez.
Colombia es un país cuyos mandatarios manifiestan en todo momento la importancia de la ley e, incluso, utilizan como impulso para sus campañas la idea de que no hay elemento más importante que la ley y su cumplimiento para que un país pueda funcionar legítimamente. En 2018, justo cuando fue electo presidente, Iván Duque Márquez proclamaba como bandera de su gobierno el respeto por la ley y en su discurso hacía referencia a la lucha contra la corrupción: “Nuestra bandera será la lucha frontal contra la corrupción, politiquería y clientelismo”. No obstante, la bandera de la importancia de la ley no ha sido representativa únicamente del gobierno actual. A pesar de estar fundamentalmente dedicado al proceso de paz, Juan Manuel Santos emprendió una lucha contra la corrupción, afirmando que la consolidación del proceso de paz le daba al país una oportunidad importante para enfrentar la corrupción y la ilegalidad. Sin embargo, los gobiernos más recientes en Colombia han sido objeto de múltiples protestas ciudadanas, que han incluido comportamientos violentos, entre las que se destacan el Paro Nacional de finales de 2019 y el Paro Agrario en 2013.
Además, es importante tener en cuenta que estas manifestaciones son parte de la historia reciente, pues todos sabemos que nuestro país luchó en un conflicto armado desde 1960 contra diferentes grupos insurgentes y que, a pesar de la firma de la paz, este se sigue presentando en crímenes como los asesinatos de líderes sociales. Pero, aún teniendo en cuenta el contexto descrito, la intención que tengo con esta columna es lograr aproximarme a una respuesta a la pregunta de ¿por qué Colombia, siendo un país en el que sus mandatarios manifiestan la importancia de la ley en todo momento, también es uno que a lo largo de toda su historia viene luchando contra la violencia?
La respuesta más obvia, además de válida, es que Colombia es un país que ha luchado contra la violencia durante su historia porque los mismos gobernantes no son capaces de cumplir la ley a cabalidad, o porque se presenta una ausencia del Estado en ciertos territorios, generando fisuras y el surgimiento de diferentes grupos al margen de la ley. Sin embargo, esa no es la única respuesta válida para contestar esta pregunta; hace unos días vi en Twitter una bastante coherente de una persona que si lee esta columna seguramente se sentirá identificada. Esta decía que Colombia es un país muy polarizado, donde se ha visto la dicotomía entre liberales y conservadores, e izquierda y derecha. Dicho fenómeno --la polarización-- hace que el gobierno de turno pierda legitimidad y, como consecuencia, haya desobediencia por parte del pueblo frente al mensaje de los mandatarios respecto al cumplimiento de la ley.
No obstante, considero que la histórica lucha contra la violencia que ha protagonizado nuestro país no es una responsabilidad que se deba adjudicar únicamente al Estado. A pesar de que las causas que dieron inicio al Conflicto Armado Colombiano son responsabilidad de los malos gobiernos, existen ciertos comportamientos violentos de los particulares que no se deben atribuir a la culpabilidad del Estado. La violencia en nuestro país no solo se ha manifestado en el ámbito militar o en relación con el derecho a la protesta. De hecho, somos un país en el que día a día se producen diferentes conductas como la violencia intrafamiliar, peleas en reuniones sociales o el mismo bullying, las cuales no necesariamente son imputables a un Estado. A mi juicio, dichas conductas se presentan más que todo por una cultura de violencia e, incluso, una de desobediencia a las normas. Es de destacar que la cultura de la violencia puede verse impulsada por la carencia de educación, que es deber del Estado garantizar. Sin embargo, también es un deber de las mismas personas, en cierta forma, identificar lo que está bien y lo que está mal a partir de diferentes apoyos brindados por los núcleos sociales y los principios que rigen la sociedad, como lo son el respeto y la tolerancia.
Puedo concluir que, efectivamente, la lucha que hemos tenido como país contra la violencia es responsabilidad del Estado hasta cierto punto. Sin embargo, debemos ser conscientes de que existen ciertos principios que son inherentes a nosotros, como el respeto, del cual el Estado no debe hacerse cargo directamente. Así mismo, la lucha que hemos tenido como país se adapta más a una carencia de conciencia general, la cual se refleja tanto en el ámbito gubernamental como en el individual. Por esto considero que la manera más apropiada de aproximarse a la pregunta “¿por qué Colombia, siendo un país en el que sus mandatarios manifiestan la importancia de la ley en todo momento, también es uno que a lo largo de toda su historia viene luchando contra la violencia?” es teniendo en cuenta visiones diferentes a la de un Estado totalmente culpable.
Colombia es un país cuyos mandatarios manifiestan en todo momento la importancia de la ley e, incluso, utilizan como impulso para sus campañas la idea de que no hay elemento más importante que la ley y su cumplimiento para que un país pueda funcionar legítimamente. En 2018, justo cuando fue electo presidente, Iván Duque Márquez proclamaba como bandera de su gobierno el respeto por la ley y en su discurso hacía referencia a la lucha contra la corrupción: “Nuestra bandera será la lucha frontal contra la corrupción, politiquería y clientelismo”. No obstante, la bandera de la importancia de la ley no ha sido representativa únicamente del gobierno actual. A pesar de estar fundamentalmente dedicado al proceso de paz, Juan Manuel Santos emprendió una lucha contra la corrupción, afirmando que la consolidación del proceso de paz le daba al país una oportunidad importante para enfrentar la corrupción y la ilegalidad. Sin embargo, los gobiernos más recientes en Colombia han sido objeto de múltiples protestas ciudadanas, que han incluido comportamientos violentos, entre las que se destacan el Paro Nacional de finales de 2019 y el Paro Agrario en 2013.
Además, es importante tener en cuenta que estas manifestaciones son parte de la historia reciente, pues todos sabemos que nuestro país luchó en un conflicto armado desde 1960 contra diferentes grupos insurgentes y que, a pesar de la firma de la paz, este se sigue presentando en crímenes como los asesinatos de líderes sociales. Pero, aún teniendo en cuenta el contexto descrito, la intención que tengo con esta columna es lograr aproximarme a una respuesta a la pregunta de ¿por qué Colombia, siendo un país en el que sus mandatarios manifiestan la importancia de la ley en todo momento, también es uno que a lo largo de toda su historia viene luchando contra la violencia?
La respuesta más obvia, además de válida, es que Colombia es un país que ha luchado contra la violencia durante su historia porque los mismos gobernantes no son capaces de cumplir la ley a cabalidad, o porque se presenta una ausencia del Estado en ciertos territorios, generando fisuras y el surgimiento de diferentes grupos al margen de la ley. Sin embargo, esa no es la única respuesta válida para contestar esta pregunta; hace unos días vi en Twitter una bastante coherente de una persona que si lee esta columna seguramente se sentirá identificada. Esta decía que Colombia es un país muy polarizado, donde se ha visto la dicotomía entre liberales y conservadores, e izquierda y derecha. Dicho fenómeno --la polarización-- hace que el gobierno de turno pierda legitimidad y, como consecuencia, haya desobediencia por parte del pueblo frente al mensaje de los mandatarios respecto al cumplimiento de la ley.
No obstante, considero que la histórica lucha contra la violencia que ha protagonizado nuestro país no es una responsabilidad que se deba adjudicar únicamente al Estado. A pesar de que las causas que dieron inicio al Conflicto Armado Colombiano son responsabilidad de los malos gobiernos, existen ciertos comportamientos violentos de los particulares que no se deben atribuir a la culpabilidad del Estado. La violencia en nuestro país no solo se ha manifestado en el ámbito militar o en relación con el derecho a la protesta. De hecho, somos un país en el que día a día se producen diferentes conductas como la violencia intrafamiliar, peleas en reuniones sociales o el mismo bullying, las cuales no necesariamente son imputables a un Estado. A mi juicio, dichas conductas se presentan más que todo por una cultura de violencia e, incluso, una de desobediencia a las normas. Es de destacar que la cultura de la violencia puede verse impulsada por la carencia de educación, que es deber del Estado garantizar. Sin embargo, también es un deber de las mismas personas, en cierta forma, identificar lo que está bien y lo que está mal a partir de diferentes apoyos brindados por los núcleos sociales y los principios que rigen la sociedad, como lo son el respeto y la tolerancia.
Puedo concluir que, efectivamente, la lucha que hemos tenido como país contra la violencia es responsabilidad del Estado hasta cierto punto. Sin embargo, debemos ser conscientes de que existen ciertos principios que son inherentes a nosotros, como el respeto, del cual el Estado no debe hacerse cargo directamente. Así mismo, la lucha que hemos tenido como país se adapta más a una carencia de conciencia general, la cual se refleja tanto en el ámbito gubernamental como en el individual. Por esto considero que la manera más apropiada de aproximarse a la pregunta “¿por qué Colombia, siendo un país en el que sus mandatarios manifiestan la importancia de la ley en todo momento, también es uno que a lo largo de toda su historia viene luchando contra la violencia?” es teniendo en cuenta visiones diferentes a la de un Estado totalmente culpable.